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El magistrado relator del caso, Luis Alberto Barroso, instó a impugnar la candidatura del exmandatario (2003-2010) en aplicación de la ley de "Ficha Limpia", que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales.
El Partido de los Trabajadores esperaba que el tribunal, que toma las decisiones finales sobre candidaturas, le permitiera participar en la contienda. Lula argumentó que debería permitírsele postularse porque su condena "fue una farsa". El juez Sergio Moro lo declaró culpable por haberle concedido favores a la constructora Grupo OAS a cambio de la promesa de un departamento frente al mar.
