Los organismos estatales encargados de la seguridad en esos eventos vienen desarrollando desde hace varios días reuniones con dirigentes deportivos, organizadores del torneo y responsables de la seguridad pública para tratar de arribar a un acuerdo de partes que permita desarrollar la competencia deportiva con los menores riesgos posibles para los participantes y simpatizantes en general.
Al respecto, hasta este viernes no había definición oficial de la fecha y la hora prevista para la realización del evento, surgiendo diferencias totales en las propuestas de los clubes y la organización del torneo.
Tampoco se comunicaron fehacientemente los criterios reglamentarios o de uso con los que debe definirse el estadio para la disputa deportiva (cancha neutral, local, visitante, distante o cercana a la ciudad de procedencia de ambas parcialidades, entre otros), y cuál es la decisión de los organizadores respecto de la presencia o no de público local, o de ambos equipos de acuerdo a las distintas opciones de lugar de disputa que pueden existir.
Por tal motivo, sorprende la expresión falaz e inadecuada que los responsables de la organización de Copa Argentina han utilizado para sostener la decisión que han tomado, pretendiendo fundarla exclusivamente en una inexistente decisión negativa del gobierno provincial, e inexplicablemente dirigida a la persona del gobernador.
La conducta que se repudia es totalmente desafortunada, no contribuye a lograr relaciones armónicas entre quienes explotan comercialmente la realización de las competencias deportivas, los deportistas, los clubes y los que tienen responsabilidades referidas a garantizar la seguridad pública.
Desde el gobierno provincial sostienen que no es éste el camino que se quiere recorrer y no se está dispuesto a tolerar que se pretenda responsabilizar a este gobierno por el lamentable presente que atraviesa el fútbol argentino, con partidos vedados a la presencia del público visitante, violencia estructural y riesgo permanente para los asistentes que solo quieren disfrutar pacíficamente de un deporte.
Se trabaja para lograr revertir esta situación, pero se necesita que todos los actores estén a la altura de las circunstancias. Hasta el momento en que se comunica la decisión de jugar el mencionado clásico fuera de la provincia y sin público, se estaban evaluando distintas posibilidades. Ninguna es simple y exige el razonamiento profundo y adecuado a fin de merituar los posibles riesgos y las eventuales ventajas que todas las variables pueden ofrecer.
También debe ponerse en la balanza de las decisiones que obviamente existen límites en cuanto a la disposición de efectivos policiales y recursos para ser aplicados tan sólo a un partido de fútbol cuando se está atendiendo mayores niveles de presencia policial en las calles y en los barrios. Pero de ninguna manera el gobierno de la provincia de Santa Fe se corre de las responsabilidades que le tocan y esquiva el desafío planteado, como pretende establecerse con la afirmación vertida públicamente.
A lo largo de estos años, se han jugado en la provincia una importante cantidad de partidos organizados y coordinados por esta Copa sin haber existido ningún problema ni registrado incidentes de ningún tipo y con total predisposición de las autoridades del gobierno provincial y de su área de Seguridad, siendo muchas veces reconocido el esfuerzo y los logros, incluso por los mismos organizadores del torneo.
En consecuencia, el gobierno provincial exige que se aclare la afirmación falsa que han hecho pública a través de medios oficiales. Es imprescindible dicha retractación para poder continuar la relación que siempre se ha decidido tener con los organizadores del Torneo referido y poder seguir coordinando la realización de éste y futuros encuentros deportivos en beneficio de los simpatizantes y protagonistas del fútbol local y nacional.