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El gobierno del presidente Emanuelle Macron lo justifica como única forma de proteger a los participantes pacíficos de los manifestantes que han provocado desmanes en las 12 protestas que los chalecos amarillos han realizado cada sábado desde noviembre, en las que ha habido cientos de heridos y más de 1.700 detenidos.
“Tenemos que disponer de los medios para garantizar las libertades individuales”, aseguró el ministro del Interior, Christophe Castaner, quien calificó a los alborotadores de “brutos” que buscan “romper vidas y amenazar a policías”.
La ley tiene el apoyo para salir adelante de los conservadores y de la mayor parte del partido del gobernante, la República en Marcha, la agrupación de Macron. Sin embargo, la controversia es tal que una quincena de los más de 200 diputados de la mayoría oficialista ya han dicho que no votarán a favor de una ley que temen que pueda ser mal utilizada
