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En cambio planteó la existencia de una “banda dedicada al espionaje ilegal”. A la hora de describir esa estructura y sus recursos, consideró que la misma era capaz de “proveer armas”, una mecánica coincidente con la hipótesis de que el falso abogado contactó a delincuentes con el fin de perjudicar la imagen del Frente Progresista.
La organización que involucra a otros 14 imputados está bajo la mira del funcionario judicial de Dolores, quien remarcó que la misma tenía objetivos tanto en esa esfera como en el ámbito político, económico y empresarial. Las “actividades de espionaje en Rosario” a las que se refirió aparecen como una entre varias operaciones desplegadas.
