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El documento fue presentado ante la Justicia por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, en el cual se indicó que "el DNU que impugnamos modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y –consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas e impuesto a los Ingresos Brutos que deben las concesionarias de explotación de la Provincia de Río Negro".
En este sentido, se señaló "en su perjuicio, afectan de forma directa y actual la percepción de sus rentas públicas, que son cuantitativamente muy significativas, por ser un principal recurso corriente para atender los gastos y necesidades del Estado provincial". Por su parte, Neuquén sufriría un costo de alrededor de $1.500 millones y manifestaron que se fomenta la desinversión con estas medidas.
