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Los designados deberán evaluar las pruebas presentadas por las partes del juicio, deliberar y determinar si la persona juzgada es o no culpable. El juez técnico es el que termina imponiendo la pena. La modalidad sólo se implementará en causas graves.
"Es una deuda pendiente en un poder monopolizado por abogados. Que la gente participe suma imparcialidad y legitimidad a las decisiones del juzgador, que son actos de gobierno", sostuvo el ministro de la Corte provincial, Daniel Erbetta.
"Es una oportunidad histórica que tiene la provincia de ponerse al día con esta deuda con la Constitución Nacional", explicó la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione.
