Preveía que en el plazo de 180 días el Estado contaría con una nueva fórmula para calcular el ajuste de los haberes jubilatorios.
Sin embargo la irrupción de la pandemia de coronavirus Covid-19 alteró toda agenda política y parlamentaria y recién en las últimas semanas comenzó a funcionar la Comisión de Movilidad Previsional de legisladores y funcionarios que tiene por objetivo definir el nuevo esquema de actualizaciones.
De esta manera los ajustes trimestrales que corresponden a septiembre y diciembre próximos seguirán siendo fijados por el Ejecutivo por decreto tal como sucedió en marzo y junio.
En el artículo 1 del decreto el gobierno fija la prórroga de la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el próximo 31 de diciembre y señala que "durante este período el Poder Ejecutivo Nacional determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos".
Tal fue el espíritu de los aumentos decretados desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández que lograron recomponer los haberes jubilatorios de la base de la pirámide por encima de la inflación pero sin impactar de la misma manera en los haberes más altos.
El Gobierno otorgó en marzo una suma fija de 1.500 pesos, más un aumento del 2,3% que en el caso de las jubilaciones mínimas significó una suba del 13%, por encima de la inflación registrada en ese periodo y por encima de los que hubiesen percibido a partir del esquema de movilidad definido durante la gestión de Mauricio Macri y otro 6,2% en junio.
El decreto, que lleva la firma del Presidente y de todo su Gabinete, prorroga además hasta fin de año el plazo con el cuenta la Comisión de Movilidad Previsional para definir la nueva fórmula para quitar discrecionalidad a los aumentos.