 |
Rodríguez Signes remarcó que en la denuncia promovida por el Gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”. Y que los propietarios “civilmente tienen responsabilidades” ya que “patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño”. Según el funcionario, el objetivo es “concientizar a los propietarios de que no sólo hay una sanción penal. Sino también civil de daño ambiental, que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.
La denuncia penal presentada por el gobernador Gustavo Bordet por la violación del artículo 186 y 194 del Código Penal -incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte-, establece una pena de tres a 10 años de prisión.
Por otro lado, el Gobierno entrerriano convocó a los propietarios de las tierras “en su mayoría santafesinos”, a un encuentro el viernes en la ciudad de Victoria junto a autoridades provinciales, municipales, Prefectura, Defensa Civil y fuerzas de seguridad.
