La recisión del contrato de la remodelación de tres tramos de la Ruta Nacional 3 en manos de la constructora CPC S.A. fue parte de la persecución del gobierno de Mauricio Macri contra los accionistas del Grupo Indalo. Así se desprende de la denuncia por abuso de poder y otros graves delitos contra el ex titular de Validad Nacional, Javier Iguacel, quién tomó decisiones administrativas de manera “arbitraria”, que impidieron el avance de las obras y perjudicaron financieramente a la empresa contratista.
En 2016 CPC resultó adjudicataria de las obras de terminación de los tres tramos de la Ruta 3, una a la altura de Rada Tilly (km 1843), en Santa Cruz sobre el kilómetro 1.908 y en Caleta Olivia.
A los pocos meses de iniciados los trabajos sobre el asfalto, entre marzo y abril de 2017, un fuerte temporal de lluvia azotó a Comodoro Rivadavia y sus alrededores, destruyó las obras realizadas y modificó las condiciones de la traza de la ruta.
Como se explicó en la denuncia contra Iguacel, esta situación extraordinaria e impredecible demoró el plan proyectado y significó atrasos.
Sin embargo, el director de Vialidad aprovechó la ocasión para aplicar de manera arbitraria y abusiva fuertes multas contra CPC, que claramente obedecían a motivos de fuerza mayor. Más allá de la multas, la empresa a cargo de las obras presentó un nuevo plan, pero en otra decisión enmarcada en la organización delictiva que abusó del poder estatal, Iguacel no lo aprobó.
Pero el ensañamiento no terminó ahí. En línea con la misma matriz persecutoria, Vialidad aplicó nuevas multas ilegítimas con montos exorbitantes a la compañía constructora sin tener en cuenta el evento climático y sin reconocer la demora en la aprobación de los nuevos planes de obra.
Tampoco se le informó correctamente a la empresa el inicio de sumarios administrativos y, en paralelo, se sumergió a CPC en una compleja situación financiera, con la dilación del pago de certificados de obra por trabajos terminados.
El propósito era que esta empresa no ejecutara los proyectos a su cargo.
Con estas maniobras ilegales, CPC llegó al segundo semestre del 2017 con una deuda acumulada de $1.000 millones que la Dirección de Vialidad de Iguacel nunca pagó, porque el verdadero plan era que la constructora quiebre. }
Y así fue que todas esas acciones generaron un colapso financiero de la firma y se presentó a concurso preventivo de acreedores.
La dirección de Vialidad Nacional, a cargo de Javier Iguacel, fue uno de los principales organismos del Estado que se plegaron a la embestida en contra de la empresas del Grupo Indalo.
En medio del concurso, CPC pidió retomar las tareas para sostener los empleos y continuar con el contrato de las obras en Ruta 3, con una normalización de los pagos adeudados. Pero el cinismo de Iguacel fue más allá: enterados en Vialidad de esta idea, intimaron a la empresa por carta documento a reanudar las obras en 5 días, bajo amenaza de recisión del contrato. Como para CPC era imposible retomar la obra, Iguacel dio la última estocada y finalmente rescindió los contratos.
En la denuncia contra Iguacel, quedó en claro que el Gobierno de Macri dio de baja las obras viales a CPC S.A. y en simultáneo las concesiones otorgadas a su controlada AEC S.A. (a cargo de la autopista Ezeiza-Cañuelas) con el “inocultable propósito” de forzar la quiebra de las empresas, y todo ello, en el marco de la “feroz persecución” desatada por el Poder Ejecutivo de Macri contra las compañías del Grupo Indalo.
