El Concejo Municipal debate por estos días nuevamente diferente proyectos de diferentes ediles que intentan gravar con tasa adicionales a la viviendas ociosas en la ciudad. Con un déficit habitacional elevado, de al menos 100 mil viviendas, Rosario tiene cantidad semejante de inmuebles que permanecen cerrados, que están fuera del mercado inmobiliario, que son comprados como inversión y no tienen como destino ser habitados por nadie.
Caprichos del capitalismo, a algunos les falta lo que a otros les sobra. La modalidad condiciona sin dudas el mercado de alquileres, las pocas propiedades que hay en alquiler mantienen un precio elevado para quienes y están en condiciones de alquilar y dan dividendos muy por debajo de la marca histórica a cuyos propietarios deciden poner la vivienda en arrendamiento.
Así las cosas, legisladores provinciales y concejales, de diferentes partidos y en diferentes momentos intentaron vanamente gravar con sobretasa a aquellas viviendas que permanezcan cerradas, sin destino aparente, situación que finalmente sería complicada de probar.
El sector agrícola ganadero adyacente a la ciudad es uno de los principales compradores de viviendas, todavía cree que la inversión en ladrillos es segura, está fuera del alcance estatal, mantiene su valor a través del tiempo y siempre es un resguardo eficaz.
Incluso algún corredor inmobiliario asegura que muchos compradores nunca conocen la propiedad, la adquieren on line, y firman la escritura cuando vienen a Rosario de compras o a visitar algún profesional médico.
La historia con los depósitos, el corralito, el corralón, la permanente desvalorización de la moneda nacional, la imposibilidad de adquirir dólares en la cantidad requerida, en distintas modalidades de cepo terminan volcando a inversores a la compra de propiedades para no darle nunca destino. Incluso la mayoría no pagan mensualmente impuestos, lo hacen tardíamente en moratorias posteriores donde obtienen importante descuentos.
La Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal se metió nuevamente en un debate que nunca termina. La legalidad y constitucionalidad de "penalizar" a quien no da uso a su propiedad choca con las buenas intenciones de ediles que pretenden hacer un poco de justicia distributiva. Habrá que ver como termina, siempre termina habiendo presiones, pero desde ya, el camino será sinuoso.
