Según una encuesta realizada en todo el país por la Federación de Inquilinos Nacional, el 35,5% sostuvo que no pudo pagar el mes de enero o sólo hacerlo de manera parcial. Otra de las realidades que atraviesa el cada vez más difícil universo de los inquilinos es la denuncia maltrato o amenazas por parte de las inmobiliarias y propietarios. El 14,8% sufrió hostigamiento 14,3% amenaza de no renovación y el 9% amenaza de desalojo.
Sobre un total de 2863 encuestados, el 57, 1% afirmó haberse adherido al Decreto 320. Pero pese al congelamiento dispuesto por el decreto y la regulación del precio por la nueva ley de alquileres, el 63,8% dijo que tuvo aumentos de precio en el alquiler desde el mes de marzo del pasado año.
Por otro lado, el 40,4% no tiene certeza de dónde estará viviendo en los próximos meses.
Por último, el 96,3% sostuvo que no hay control del Estado en el cumplimiento de decreto y la ley de alquileres.
Sebastián Artola, titular de la autogestiva Defensoría del Inquilino de Rosario, sostuvo: “El panorama es crítico, por eso es necesaria una política pública integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”.
Y agregó: “Hay que regular y pesificar el mercado inmobiliario, no podemos aceptar más que haya quienes especulen y quieran hacer negocios con la angustia y la desesperación que padecen quienes hoy tienen negado su derecho a la vivienda”.
