Durante el gobierno de Mauricio Macri se desplegó el sistema de espionaje ilegal y persecución más importante desde la vuelta de la democracia. La investigación pone en la mira la recolección de datos desde la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, y además la relación entre el ex presidente y su amigo personal, Gustavo Arribas, quien además era socio de Macri en la compra y venta de jugadores de fútbol (sobretodo en Boca) e involucra a Silvia Majdalani.
Arribas fue además quien ocupó el departamento de Macri durante el período presidencial mientras que el ahora ex presidente se mudaba a la Quinta de Olivos.
Durante su mandato presidencial, Macri y sus colaboradores inmediatos fueron advertidos de prácticas clandestinas que se llevaban adelante desde la AFI. Desde hace unos meses está surgiendo información que se investiga en la Justicia.
Además el sistema dejó correr la suerte de empresas que habían sido visitadas por influyentes representantes del Poder Ejecutivo, empresarios y funcionarios, para que le transfieran a título oneroso, pero a precio de amigos con poder de daño, las actividades que desarrollaban cada uno de los visitados.
La investigación sobre espionaje político ha sido sustanciada con prueba documental suficiente. La causa que tomó impulso en el juzgado federal de Lomas de Zamora ahora está en Cómodo Py.
Los expedientes acumularían testimonios sobre la vigilancia y persecución de dirigente opositores, pero también de figuras del anterior oficialismo como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, entre otros.
Los indicios sobre el monitoreo de la vida cotidiana de dirigentes políticos sometidos al régimen de prisión preventiva por causas de corrupción, en el penal de Ezeiza, escuchándose incluso de manera clandestina las conversaciones que mantenían con sus abogados, son contundentes.
Las causas de Macri ligadas al sistema ilegal de inteligencia son la megacausa que incluye una caja fuerte en la AFI con fichas personales con datos de unos 400 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para la OMC y G-20, el espionaje en el Instituto Patria y en el domicilio particular de Cristina Kirchner, la puesta de una bomba a alto dirigente del Ministerio de Defensa, el seguimiento a familiares víctimas del ARA San Juan y el cableados en la cárcel federal de Ezeiza para escuchar a los detenidos ilegalmente.
