La concejala del Frente de Todos – PJ, Alejandra Gómez Sáenz, propone modificaciones al Presupuesto Participativo para que sea “vinculante, realmente participativo y popular”.
“Los distintos gobiernos que han estado al frente del Ejecutivo municipal en las últimas dos décadas se han vanagloriado de haber creado una herramienta transformadora como el Presupuesto Participativo, que lejos está de cumplir con esas prédicas”, fustigó la también precandidata a renovar una banca en el cuerpo de ediles dentro de la lista Rosario de Pie que encabeza la actual presidenta del bloque peronista Norma López.
“Rosario cuenta desde el año 2003 con el llamado Presupuesto Participativo, una idea que fue importada de otras experiencias pero aplicada de una manera limitada y mezquina desde sus comienzos, lo que llevó a que en la actualidad sea una mera justificación presupuestaria para descargar gastos corrientes del municipio.
Los datos son contundentes: comenzó representando el 8,25 por ciento del total del presupuesto local, pasó al 1,5 por ciento en 2012 y se sostiene en ese porcentaje hasta hoy”, detalló Gómez Sáenz, y abundó: “El exiguo monto destinado a esta herramienta es solamente comparable con la cantidad de proyectos que son elegidos y luego no se llevan adelante. Es muy difícil interesar a la ciudadanía para participar en una selección que no tiene correlato en su vida cotidiana”.
“Nosotros proponemos un Presupuesto Participativo Popular que tenga como protagonistas a las organizaciones libres del pueblo, como vecinales, clubes de barrio, bibliotecas populares, pueblos originarios y toda organización con base territorial; y que sean ellas quienes determinen el debate y el diseño de las políticas públicas, así como el control sobre las mismas, reservando al Estado sólo la ejecución y el apoyo técnico”, argumentó.
Y concluyó: “La selección de los proyectos debe conformar un Presupuesto Participativo de carácter vinculante para que una vez atravesados los tamices técnicos de factibilidad en las instancias oportunas, las propuestas votadas por la ciudadanía sean llevadas a cabo aun contra la voluntad de la administración central municipal, como garantía de democracia popular”.
