El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, imputará este martes a integrantes del directorio de Vicentin el delito de estafa contra productores, acopios y entidades bancarias presuntamente cometidos por la agroexportadora que defaulteó por u$s 1.500 millones.
Será en el marco de una audiencia que se realizará en el Centro de Justicia Penal. En julio del año pasado, y tras la denuncia presentada por el abogado Gustavo Feldman, Moreno aceptó abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin.
En ese momento la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”.
En transcurso de un año y medio de investigación, la causa sumó denuncias, diligencias y expedientes. Se integraron como querellantes el principal acreedor comercial, los bancos extranjeros y el Banco Macro. La semana pasada, el Banco Nación, que interviene en causas en la Justicia federal y en la ciudad de Santa Fe, se presentó en Rosario para que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin.
Es que una de las líneas de investigación es la falsificación de balances para engañar a los acreedores.
Esta última sospecha forma parte de las conclusiones a las que llegó la auditoría forense realizada en el marco del concurso preventivo de acreedores.
En su informe, los auditores señalaron que el súbito desplome de Vicentin en 2019 no fue tal, sino la consecuencia de una crisis que arrastraba desde años anteriores y fue ocultada a los acreedores.
Un contrainforme que hicieron circular desde la firma cuestiona el trabajo de la auditoría, al señalar que se basa en información parcial analizada en base a criterios que no son compatibles con los usos del negocio cerealero. E insisten en que los problemas de la compañía se dispararon con el resultado de las Paso en 2019.
Alberto Macua, Máximo Padoán y Omar Scarel, directivos de Vicentin, hicieron declaraciones ayer en las que advirtieron que el juicio penal podría tener impacto en las negociaciones que dicen llevar adelante para salvar la empresa y pagar sus deudas.
Para los fiscales, la auditoría forense es precisamente uno de los puntales de la acusación. Aunque no el único, ya que también revisaron informes elaborados por directores del Banco Nación, la Inspección General de Justicia de Santa Fe, la Unidad de Información Financiera (UIF), La Sindicatura General de la Nación, veedores del concurso, entre otros. También se realizaron diversos allanamientos.
