A partir del Decreto N° 0022, dictado el martes pasado, la provincia instruyó al Fiscal de Estado a intervenir como parte querellante en el proceso que investiga en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurridos en el ministerio de Seguridad.
La decisión "encuentra su fundamento en mérito a que en el proceso judicial mencionado, se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado".
Hace poco tiempo, la Justicia de la provincia informó sobre una investigación que complicaría gravemente al ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Se trata de poder conocer una cantidad de maniobras que cayeron sobre políticos y ex funcionarios santafesinos de distintos partidos y administraciones.
Se habrían dado en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Las acciones, presuntamente hechas sin control ni requerimiento judicial, sino discrecionales, ponen al ex ministro y varios ex laderos ante una inminente audiencia imputativa en febrero próximo.
No necesariamente son "carpetas" que la Justicia halló, ya que no sería lo más relevante de la causa. Son fundamentalmente consultas masivas –unas 15.000– a bases datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información.
La decisión de la provincia responde a la necesidad de "resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma, ya que es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítima de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurídica".
