La Comisión de Legislación General, que preside la diputada nacional Cecilia Moreau (FDT), realizó ayer la última reunión informativa para continuar con el tratamiento de la ley de alquileres. La semana próxima se analizarán los proyectos por parte de los legisladores. Entre las y los expositores, estuvieron presentes, Josefina Del Rio, subsecretaria de Hábitat de Rosario.
Sostuvo que “no se trata de derogar la ley, sino de cumplir aquello que ya se regula y de modificar lo que demostró no funcionar. Es fundamental promover y controlar las disposiciones relativas a las garantías del contrato”.
Por su parte, Josefina Mendoza, representante de la Fundación Haciendo, pidió un régimen específico de alquiler para estudiantes de nivel superior, tanto universitarios y terciarios.
“Planteamos que se amplíen las posibilidades de la garantía dentro del territorio de la Nación.
Los estudiantes del interior se encuentran con que les piden garantías del lugar donde van a estudiar, esto es una gran limitante, difícil de conseguir y de difícil cumplimiento”, ejemplificó.
“Está en juego el derecho a la vivienda”
Cinthia Goytia, directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella y fundadora y directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda (CIPUV), consideró que “no sería aconsejable proponer una reforma que naturalice el fenómeno inflacionario en el mercado de alquiler”.
“La única solución de largo plazo es el aumento de la oferta, junto con el desarrollo del mercado hipotecario, eso va a facilitar el acceso a la vivienda. Debemos ser muy cuidadosos en la regulación de los contratos, porque una regulación inapropiada puede generar serias distorsiones y reducción en la oferta a largo plazo”, añadió.
German Hiralde, titular de la Catedra Derecho a la Vivienda de la UNDAV, manifestó que “está en juego el derecho a la vivienda”.
“En la Universidad tratamos de transmitir que la discusión de la vivienda debe ser en clave de derechos y no de bienes, mercancías o rentabilidad”, explicó.
“La nueva ley debe ser para incrementar los derechos de las personas locatarias y no para restringirlos”, añadió.
Renzo Quero, de la Asociación Inquilinos San Juan, defendió la ley vigente “porque ha venido a reconocer derechos que por mucho tiempo no estaban garantizados”.
“Si los inquilinos tenemos que destinar más del 50% de nuestro salario para acceder a la vivienda, esto no es una vivienda digna, porque no podemos vivir con la mitad de nuestro sueldo. Los inquilinos son la parte más débil de la relación jurídica, entonces necesitan la intervención del Estado en pos de protección”, explicó.
