Del edil Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, se dio curso a un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que solicite al Ministerio de Seguridad de la provincia que remita información respecto a las medidas que se han adoptado desde diciembre del 2019 al presente para evitar el ingreso de los teléfonos móviles a los establecimientos penitenciarios de la provincia y también sobre qué medidas se dispusieron para detectar celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Se consulta asimismo sobre “cuántos teléfonos móviles se han secuestrado desde diciembre del 2019 a la fecha” y respecto a si se están utilizando dispositivos inhibidores de señales telefónicas dentro del sistema penitenciario.
En tal sentido la cantidad de equipos con los que cuenta el Servicio Penitenciario, cómo están distribuidos en los distintos establecimientos, las condiciones en que se encuentran y la cantidad necesaria para cubrir todo el sistema, al igual que datos de la empresa proveedora y especificaciones del acuerdo por el servicio que brinda.
