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Piden jury de enjuiciamiento al juez del concurso de Vicentin

 


El abogado Gustavo Feldman, querellante en la causa penal que se sustancia en Rosario por presunta estafa en la caída de Vicentin, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un pedido de jury de enjuiciamiento contra Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista que llevó adelante el concurso preventivo de la cerealera. 

Feldman quiere que se verifique si Lorenzini, al intervenir en el concurso preventivo de Vicentin, incurrió en las causales de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.

Más específicamente, que determine si cometió las faltas que establecen como causales de remoción la “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” y “el incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución”. 

“La presente denuncia no se funda únicamente en el contenido de las resoluciones del juez denunciado sino en su desenvolvimiento conductal general”, señaló. 

Y aseguró que “las resoluciones groseramente desajustadas a derecho no son más que la manifestación, la exteriorización del proceder metódico y sistemático que el denunciado ha tenido siempre para con la concursada, en beneficio concreto de determinadas personas físicas dejando en evidencia así, no solamente un desapego a las normas vigentes, sino también de ausencia de imparcialidad que debe primar sobre todo magistrado”. 

El abogado enumeró irregularidades detectadas desde la declaración de cesación de pagos de Vicentin y la apertura de un concurso preventivo.

Mencionó: 

- Declaró la apertura del concurso a pesar de que el deudor en su presentación no detalló sus activos al omitir denunciar a su grupo económico y no tuvo en cuenta la falta de presentación del último balance. 

- No tomó ninguna medida, ni siquiera precautoria, sobre la transferencia simulada del 16,67% de las acciones de Renova a favor de Renaisco, del grupo Viterra-Glencore, ocurrida dos días antes de declararse en cesación de pagos, incluso habiendo contado con una auditoría forense que expresamente concluyó que el dinero de la operación se utilizó para cancelar acreedores preconcursales y para otras sociedades del grupo no habiendo quedado nada en el patrimonio de la concursada.

- Permitió que se vote una propuesta concursal manifiestamente abusiva respecto al tiempo de pago y la quita que sufrirán los acreedores, y sin que se encuentren a disposición de estos todos los elementos para conocer los alcances de la misma, como fueron los contratos celebrados con los “interesados estratégicos”, acompañados tiempo después y de los cuales surge la disposición de activos en “ flagrante violación a las cautelares dictadas por la justicia penal”. 

- Ante el decreto de intervención dictado por el gobierno nacional reinstauró inmediatamente en la administración a los mismos directores que defaultearon a la empresa y que se encontraban sospechados de comisión de delitos de estafa. 

A juicio de Feldman, lo que expuso “aún más la ilegalidad de las decisiones del juez” fueron las conclusiones de la auditoría forense, que “evidencian todas y cada una de las denuncias de irregularidades, habiéndose detectado documentalmente una multiplicidad de ilícitos”.

También le recrimina al magistrado que “no tomó ninguna medida para proteger el patrimonio de la concursada a efectos de resguardar los intereses de los acreedores como fue la liquidación de activos de la concursada en pleno proceso concursal como las de Emulgrain”.

“Mientras los tribunales penales de Rosario colectan pruebas y, prima facie, tienen por perpetrados delitos de administración fraudulenta, estafa, balances falsos y desobediencia judicial por parte de los directivos de la concursada, el juzgado concursal de Reconquista hace como si nada de esto pasara”, dijo. 

El martes próximo, la Corte decide si sigue adelante con el proceso de avocamiento. Para el abogado Gustavo Feldman, “permitir que el juez Lorenzini continúe con este accionar pone al Poder judicial de Santa a tiro de la intervención federal”. El letrado también pidió que se suspenda preventivamente al magistrado denunciado durante la tramitación del proceso.


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