El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, indicó hoy que el alegato que hizo ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró lo que significa "la persecución del Lawfare" y consideró además que la exmandataria demostró que las acusaciones que se formularon en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz constituyeron "una instigación" para el intento de asesinato que padeció el pasado 1 de septiembre.
"Cristina (Fernández de Kirchner) hizo una adecuada demostración de lo que significa para una persona estar perseguida por el lawfare. Ha sido una cátedra sobre cómo todo eso se convirtió en una instigación para que atentaran contra su vida. Han desmenuzado y deconstruido todas las afirmaciones del alegato oficial, mostrando su falsedad", indicó
La vicepresidenta sostuvo ayer que la causa conocida como Vialidad se basa una "fábula" montada para llevarla "de los pelos" ante la justicia.
La exmandataria sostuvo que con las acusaciones en su contra "se violó la Constitución Nacional" porque fueron asentadas sobre "decretos aprobados por el Parlamento" y consideró la actuación de los fiscales y los jueces en ese juicio constituye "un claro caso de prevaricato".
Barcesat consideró que los fiscales y jueces del juicio "han atentado contra el pacto democrático" por distribuir discursos de odio "que llegan a gente desesperada por notoriedad".
Para Barcesat, tras el ataque contra la vida de la vicepresidenta, "está en juego la vida democrática y el orden constitucional".
"Deberán cumplir las penas privativas de la libertad que se prevén en el Código Penal, no solo a los autores materiales, sino también a los instigadores del hecho", señaló.
Por otro lado, el abogado explicó que si bien aún el Lawfare "no tiene una figura penal", se debería contemplar esa posibilidad.
"Debemos propiciar que así sea. Por eso estamos empujando que ya sea como tipo penal interno, o que este regulado bajo la convención latinoamericana", sostuvo.
En este sentido, consideró que la situación institucional "es gravísima", y que el Poder Judicial es actualmente "un instrumento de los poderes económicos y mediáticos" que lo obligan a "tirar por la borda sus deberes y la supremacía constitucional".
Finalmente, Barcesat apoyó la propuesta de ampliar la corte a 15 integrantes y suprimir el articulo 270 que habilita a la Corte Suprema a rechazar el 80% de los expedientes que ingresan.
"Con ese articulo frustra y se priva de juicio idóneo. También proponemos que la corte suprema tenga plazos, para emitir sus resoluciones, sino es un poder monárquico y esto no es admisible en el estado de derecho", concluyó.
