La ley prevé que “las asociaciones de víctimas santafesinas tengan un reconocimiento real y un deber de parte del Estado y de los tres poderes”.
Además, se incorporó a la víctima indirecta, a los familiares, cónyuge, conviviente, padres, adoptantes, hijos, hermanos, tutores o guardadores que tengan los mismos derechos, inclusive a ser querellantes.
“Las víctimas transformaron el dolor en acción y si bien no van a poder tener la reparación necesaria, hoy se está cambiando el paradigma de la justicia”, comentó el autor de la iniciativa, Oscar Cachi Martinez, agradeció la paciencia de los familiares de víctimas.
El proceso de aprobación de esta ley llevó dos años y medio y contó con la participación de víctimas y familiares de víctimas. Asimismo, Martínez agradeció al ex gobernador Miguel Lifschitz por el apoyo a la creación del observatorio, lo que permitió escuchar todas las voces.
La normativa concede a la víctima el derecho a ser escuchada en un juicio, a declarar y a opinar, a decir lo que le pasó, lo que siente y el método será la forma que elija la propia víctima; en su domicilio por métodos virtuales, por escrito, por video, o como lo crea mejor, porque lo que cuenta es que pueda expresarse de la manera más cómoda víctima.
Entre las modificaciones introducidas, se contempló la creación de la “Defensoría de Víctimas”, que velará porque se cumplan los derechos de la ley.
