El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, concedió, a solo nueve días de dejar el poder, un indulto navideño que perdonó condenas de cárcel a militares y policías, incluyendo a los responsables de la mayor masacre carcelaria registrada en el país, la de Carandiru de hace 31 años en San Pablo, que dejó 111 muertos, todos asesinados por fuerzas de seguridad.
El indulto es extensivo a todos los agentes que hayan sido condenados por crímenes culposos, o por actos realizados por "su deber de actuar" o "en razón de riesgos" enfrentados por las fuerzas de seguridad.
La medida beneficia a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru en 1992 en San Pablo.
Los agentes fueron condenados en juicios celebrados en 2013 y 2014, pero nunca fueron encarcelados debido a maniobras judiciales con las que sus abogados lograron dilatar los juicios de apelación en instancias superiores.
Se trata de un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil.
