Inicialmente definieron cuatro ejes de trabajo: ámbito de aplicación; universo, alcance y población de la norma; compensación y/o tarifa; y eventos masivos. Para ello, se acordó que los asesores de los diferentes bloques políticos avancen en el estudio y definición de puntos de encuentro de los diferentes proyectos.
En este lineamiento entran cuestiones a debatir tales como el alcance de la medida en zonas de estacionamiento medido, su prohibición (o nó), los registros vecinales de oposición, entre muchos otros puntos centrales.
En cuanto a las coincidencias iniciales, los ediles marcaron que el actual escenario muestra más complejidades debido al grado de violencia urbana.
“El escenario se fue complejizando. Muchos (cuidacoches) no quieren venir a exponerse. Han sido amenazados. Los extorsionadores han ganado terreno. La situación está más grave que el año pasado”, indicó Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.
Por su parte, Miguel Tessandori, de Volver a Rosario anticipó su postura basada en la prohibición del ejercicio de la actividad.
En otro orden, Pedro Salinas dio cuenta de la necesidad de contar con un censo, un registro, un padrón que grafique la composición de cuidacoches en la ciudad.
Otras de las posiciones anticipadas, fue la del edil oficilista Ciro Seisas, de Arriba Rosario. Definió que la aplicación no debería alcanzar las zonas o cuadras de estacionamiento medido, y que la labor debería ser llevada adelante por organizaciones de bien público en coordinación con Secretarías municipales. Seguidamente cuestionó la posibilidad de otorgarle la potestad de regulación a los vecinos.
