El Gobierno dispuso la intervención administrativa de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días tras los cortes de servicio prolongados durante las últimas semanas de ola de calor. Para eso nombrará desde mañana al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi como interventor.
El Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía pero tendrá poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.
En el Ministerio de Economía aseguraron que esta acción administrativa “no afectará los derechos de los accionistas” y que eso despeja riesgos de que la controladora ENEL pueda recurrir al CIADI -el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas- para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato.
“Si prima la seriedad jurídica no tendría sentido una denuncia ante el CIADI”, mencionó una fuente oficial.
El ENRE, además, evalúa nuevas sanciones millonarias a la compañía por el servicio defectuoso durante la última ola de calor de las últimas semanas.
Además de la multa por $1.200 millones que ya fue oficializada, habrá una suma similar que podría tomar estado firme en las próximas semanas. Y además, prepara otra batería de sanciones monetarias por los cortes de las últimas semanas. En total, podrían sumar $2.700 millones, anticipó el ministro de Economía Sergio Massa.
