El papa Francisco atendió las denuncias por abusos sexuales ejecutados por miembros de la Iglesia, extendiendo responsabilidades a "fieles laicos" que se encuentren en instituciones religiosas. El pontífice lo hizo a través de una orden que refuerza las normas que regulan estos casos que desbordan al clero.
El Vaticano anunció una nueva versión del "motu proprio" "Vos estis lux mundi" (Vosotros sois la luz del mundo), una normativa que desde el año 2019 exige a las jurisdicciones eclesiásticas alrededor del planeta tener un sistema accesible para todo aquel que necesite hacer una denuncia, resguardando a las personas que las realicen.
El papa había propuesto esta ley para combatir estos comportamientos recurrentes entre miembros de la Iglesia. La legislación tuvo lugar tras realizar un histórico encuentro con los representantes de todas las Conferencias episcopales.
En el nuevo texto señala que esos "sistemas" de delación tienen que formalizarse ahora como "organismos y oficinas".
Además, el comunicado precisa que realizar una investigación es el principal deber del obispo de la institución donde habrían ocurrido los hechos.
A partir de este refuerzo en la ley se podrá averiguar sobre las responsabilidades de obispos, superiores religiosos y clérigos, en los abusos así como también los casos vinculados a "fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica, para los hechos cometidos" mientras estaban a cargo.
Además, el sumo pontífice hizo otras modificaciones promulgadas en los últimos años, como las relacionadas a los "actos sexuales con un menor o una persona vulnerable".
En el nuevo texto se extiende el rango de víctimas a "un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable".
Además, la normativa nueva obliga a proteger a los testigos, además de al demandante, a la vez que refuerza la regulación sobre la presunción de inocencia al defender "la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas".
Si bien la nueva norma no trae consigo nuevas penas, establece los pasos a seguir y estipula plazos concretos para administrar las denuncias y evitar que prescriban. La institución acusada debe "sin demora y, en cualquier caso, dentro de los treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del representante pontificio".
Además, las nuevas reglas comprometen a tener una decisión a los 90 días sobre el caso, aunque se pueden pedir prórrogas justificadas.
El papa Francisco había promulgado esta norma en el año 2019 para establecer un procedimiento ante las denuncias por abusos sexuales.
El artículo 1 se aplica a todos los crímenes en los que "se obligue a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil".
