Tras una inspección a un depósito fiscal de Santa Fe, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 300 toneladas de maíz partido, valuado en 12 millones de pesos, que se alistaba para despachar a Uruguay.
En tanto que en Córdoba, luego de controles realizados sobre operadores de la cadena agroindustrial, se realizó ajustes impositivos por $11.400.000 tras detectar inconsistencias en la no declaración de existencias de granos respecto del impuesto a las ganancias y bienes personales.
El organismo conducido por Carlos Castagneto intensificó controles ante la sospecha de mayor existencia de granos que los declarados, tras las alarmas ante la baja recaudación fiscal de febrero respecto de los derechos de exportación.
Adicionalmente, las imágenes satelitales que controlan periódicamente los campos detectaron de mayor cantidad de silo bolsas. Lo que hace suponer mayores existencias que las declaradas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) de Rosario y de la Dirección General de Aduana (DGA) de Hidrovía, incautó 300 toneladas de maíz partido a granel valuadas en 12 millones de pesos, durante un control realizado en un depósito fiscal ubicado en la localidad santafesina de Pérez.
El total incautado equivale a la carga de 8 camiones.
Durante el procedimiento que contó con la colaboración de Gendarmería Nacional, funcionarios del organismo que conduce Castagneto detectaron que la empresa exportadora que pretendía despachar los granos a Uruguay no poseía la capacidad financiera necesaria para justificar la compra de los mismos, al tiempo que no pudo acreditar la adquisición o tenencia de la carga que intentaba comercializar en el exterior.
Entre las irregularidades se constató que la firma no se encuentra inscripta en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a fin de evitar informar las cuentas bancarias con las que opera a partir de su actividad comercial y los ingresos de divisas, entre otras cosas.
Cabe destacar que las áreas de la DGI especializadas en actividades agropecuarias continúan focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal.
