El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió a la Argentina que apure la quita de subsidios a las tarifas energéticas para los sectores de mayor poder adquisitivo, al tiempo que exigió “limitar el impacto fiscal” de la moratoria previsional recientemente aprobada por el Congreso mediante “regulaciones estrictas” para que ingresen solo “aquellos de necesidad”.
Así figura en el comunicado del organismo conocido este sábado, tras las reuniones que mantuvo en Washington el ministro de Economía, Sergio Massa, con la número dos Gita Gopinath y con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
El texto reconoce que la sequía produjo un desajuste de los planes previstos en el acuerdo original para el 2023, por lo que reconocer la necesidad de reducir las metas de acumulación de reservas, que este año eran de u$s12.400 millones, y que se reducirían en u$s2000 millones.
Pero advierte sobre la necesidad de redoblar el ajuste para conseguir que el déficit fiscal se mantenga en el 1,9% del PBI, algo que en términos nominales seguramente va a subir debido al efecto de la inflación.
Es decir, el número final podría ser más alto al previsto, pero siempre representando el 1,9% del PBI.
Gopinath señaló que “políticas macroeconómicas más prudentes en la segunda mitad de 2022 respaldaron una moderación de la inflación y mejoras en los saldos fiscal y externo, lo que ayudó a asegurar las metas del programa para fines de 2022”.
“Dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas, aunque será necesario un paquete de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad y mantener el papel de ancla del programa”, plantea la funcionaria.
Tal como preveían algunos análisis privados previos, la sequía va a impactar en medio punto del PBI en la recaudación de impuestos, y el único espacio para recortar gasto que le queda al gobierno son los subsidios.
Por ello, Gopinath indicó que “será fundamental garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”.
Está claro, por otro lado, que al FMI no le cayó bien la noticia de la nueva moratoria para que 800.000 personas sin aportes previsionales ingresen al sistema.
La número dos del Fondo advirtió que “el costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”.
