La nueva ley amplía la edad de jubilación de los 60 hasta los 65 años, en una escala vinculada con la fecha de nacimiento, dispone un tratamiento especial que incrementa los beneficios a familias que incluyan hijos con discapacidad, permite a las personas jubiladas mantener un empleo y dispone de un “suplemento solidario” para los haberes más bajos, entre otros puntos.
“Esta reforma va a perdurar en el tiempo, porque es justa y solidaria”, insistió Lacalle Pou en un mensaje grabado que subió a las redes sociales apenas minutos después de la votación del Senado.
En sesión extraordinaria, con 17 votos a favor sobre 28, la Cámara Alta terminó el trabajo que había empezado en diciembre, cuando le dio la primera aprobación.
El texto fue luego a Diputados, donde sufrió modificaciones -todas consensuadas dentro de la coalición gobernante-, por lo que volvió al Senado, que no podía ya cambiar el texto, y únicamente debía aprobar o rechazar lo que llegó de la Cámara baja.
