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El Gobierno apunta a desfinanciar a las obras sociales sindicales

 



Como réplica luego del paro general del 24 del mes pasado que activó la CGT, el Gobierno comenzó a mirar con mayor detenimiento los subsidios que reciben las obras sociales sindicales y evalúa un recorte en el reparto que se instrumenta desde la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS). El funcionario sin cargo, Federico Sturzenegger adelantó la estrategia en varias conferencias bridadas por estos días, donde señaló que "había que desfinanciar a los grupos de interés, drenarles recursos", porque según afirmó "manejan los medios de comunicación, manejan las calles, y tienen looby en el Congreso". 

Desde el Gobierno aseguran que el presidente, Javier Milei recortaría los subsidios que las obras sociales sindicales reciben por parte del Estado. Se solicitó “la elaboración de un informe de todos esos fondos” para analizar su funcionamiento. 

El análisis de los fondos y sus posibles derivaciones con una eventual interrupción se inscribe en la lógica que tiene el Gobierno de “correr a los intermediarios” entre los aportes estatales y sus beneficiarios, algo que se busca también a nivel del área social en materia de planes y entregas de alimentos para comedores, cuestión que en los hechos no sucede en absoluto . En la Casa Rosada argumentaron que el objetivo es llegar con el beneficio directamente a quienes lo necesitan. En el caso de las obras sociales, sería los trabajadores que aportan al sistema. 

La caja que representa el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un verdadero tesoro para los gremios, se financia con el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios. A través del FSR se financian los servicios de transporte y educación para discapacitados, entre otros ítems que la gestión actual tendría en vistas de recortar.

El pedido de informes de parte de Presidencia surge en un momento de tensión con los gobernadores y buena parte de la oposición, pero a la vez con los gremios que el último 24 de enero, a 45 días de haber comenzado la nueva administración, le impusieron un paro general con movilización. El análisis de los fondos que reciben las obras sociales sindicales y sus posibles derivaciones suman así un nuevo punto de conflicto para el Poder Ejecutivo.



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