«Los aumentos que implementó el gobierno vulneran muchos derechos, entre ellos y fundamentalmente el derecho a la educación. Buscamos generar un alivio a un sector fundamental para la vida de nuestra sociedad. Estos aumentos repercuten directamente en el valor de la cuota que deben afrontar las familias o bien en el cierre de numerosos establecimientos», manifestó Valdés.
La iniciativa, que hasta el momento cuenta con el apoyo de más de veinte diputados y diputadas, establece que se generará un crédito a favor de los beneficiarios si durante el periodo que va desde el 1° de abril de 2024 hasta la efectiva implementación de la tarifa diferencial hubieran abonado por los servicios un monto mayor del 50 % de la tarifa.
«Es obligación del Estado argentino garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la matricula y la continuidad de las actividades de las instituciones educativas, públicas y privadas», indicó el autor del proyecto.
