La máxima autoridad internacional contra el lavado puso la lupa en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), capítulo que cuenta con un amplio respaldo de empresas y gobernadores de provincias con recursos estratégicos, fundamentalmente minería e hidrocarburos.
"El mencionado Registro es una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad", dice.
"Las fallas de seguridad de la Ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a la argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional".
"No existe en el texto del proyecto ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto producto de organizaciones criminales" continúa el documento".
