La gestión de Milei considera al Estado como una organización criminal, mantiene el 60% de puestos clave en la administración pública sin cubrir. Muchos de ellos son los que tienen la “firma” para procedimientos clave, que así quedan suspendidos. Un caso es el del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que depende de la ahora degradada Secretaría de Trabajo.
No hay designada la persona que debe rubricar los acuerdos entre trabajadores y empresas. Por esa razón, más de 4000 convenios ya homologados entre trabajadores despedidos, que aceptaron una indemnización negociada con la patronal para no ir a juicio, están sin poder cobrar el dinero que al menos les permite sobrellevar un tiempo el desempleo.
Como los acuerdos ya están fijados, el retraso en la autorización de los respectivos expedientes le significa a los trabajadores una pérdida extra por la licuación inflacionaria. Y a los empleadores, una ganancia que, esta vez, les facilita un Estado desguazado.
Se trata de un sistema que funcionaba desde hace casi treinta años. En los últimos, con audiencias virtuales. A través de las mismas, se llegan a acuerdos y luego hay un plazo de diez días para su homologación y posterior cobro de la indemnización por parte del trabajador.
