La resolución judicial definió que la fuerza no puede privar de la libertad a ciudadanos sólo por carecer de documento de identidad. Y que debe reunir indicios ciertos en caso de invocar una posible vinculación con un delito.
La medida suele recaer sobre jóvenes o trabajadores informales que al cabo de varias horas en comisarías no son acusados de delito alguno.
El pronunciamiento del camarista Gustavo Salvador respondió así a un planteo que había realizado en agosto pasado la Defensa Pública de Rosario al detectarse, en un relevamiento interno, que 876 personas habían sido detenidas entre mediados de julio y la primera semana de agosto. La mayoría por carecer de DNI. En algunos casos ni siquiera se informó el motivo del arresto.
De ese total, 86 eran personas sin techo que sufrieron varias demoras en dos semanas o hasta dos ingresos a comisarías en el mismo día.