Roberto Andrés Gallardo, juez y profesor de la UBA, plantea que la consulta popular legislativa, prevista en la Constitución Nacional, es una herramienta clave para contrarrestar el “gobierno de las minorías parlamentarias” y recuperar la democracia. El mecanismo permitiría aprobar leyes sin la posibilidad de ser vetadas por el Ejecutivo.
El juez y profesor regular de Teoría del Estado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió sobre los riesgos que enfrenta el sistema democrático argentino, particularmente en relación con el creciente uso del veto presidencial y el desprecio por el Congreso Nacional.
Según el magistrado, estas acciones han derivado en un “gobierno de las minorías parlamentarias”, donde se debilita la representación popular y se impide el normal funcionamiento del poder legislativo.
Para revertir esta situación, Gallardo propone recurrir a un mecanismo constitucional poco explorado: la consulta popular legislativa.
Este instrumento, establecido en el artículo 40 de la Constitución Nacional, permite que el Congreso someta a votación popular proyectos de ley, y lo más importante, las leyes resultantes de dicha consulta no pueden ser vetadas por el Ejecutivo.
«El Congreso, con la mayoría absoluta de sus miembros presentes, puede llamar a una consulta sobre temas clave, como el presupuesto universitario o los ajustes jubilatorios. Si la mayoría del pueblo vota a favor, la ley se promulga automáticamente y queda fuera del alcance del veto presidencial», explicó Gallardo, quien también preside el Comité Panamericano de Juezas y Jueces (COPAJU).
La consulta popular legislativa, detalló Gallardo, funciona mediante la aprobación de una ley de convocatoria en ambas cámaras del Congreso. Una vez aprobada, la Justicia Electoral se encarga de organizar la consulta dentro de los 60 días posteriores.
Para que una ley consultada sea aprobada, al menos el 35% del padrón electoral debe participar, y si la mayoría de los votos es afirmativa, la ley se promulga sin posibilidad de ser vetada.
Este mecanismo, según Gallardo, es una vía institucional clave para restaurar el equilibrio entre los poderes del Estado y garantizar que las decisiones importantes se tomen con la participación directa de la ciudadanía.
«Nada hay más democrático que el pueblo decidiendo, y nada más antidemocrático que una minoría parlamentaria vulnerando los mandatos populares», concluyó el juez.