Fuentes de Presidencia revelaron que uno de los proyectos contendrá la eliminación de las PASO y la modificación del sistema financiamiento de los espacios políticos; mientras que el otro se referirá a cambios en la ley Orgánica de Partidos Políticos.
El Gobierno había anunciado el viernes último que enviaría al Congreso las iniciativas para eliminar las PASO, modificar la ley Orgánica de Partidos Políticos y aplicar cambios en el sistema de financiamiento de las fuerzas que compiten en los comicios, lo que dejaba abierta la puerta a una convocatoria a sesiones extraordinarias.
El vocero Manuel Adorni señaló en esa oportunidad que las PASO "han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos".
El Gobierno justificó la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos en el objetivo de "mejorar la representatividad" electoral y evitar la proliferación de "sellos de goma" cuyo objetivo es "recaudatorio", según subrayó Adorni.
De esta manera, de avanzar con la reforma, las agrupaciones partidarias deberán contar con "0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas", según había anticipado el vocero.
En el caso de los partidos nacionales, "se les exigirá presencia en al menos diez distritos, cuando hoy se requieren cinco jurisdicciones", precisó Presidencia.
Dichas medidas han sido cuestionadas por algunos sectores políticos, que leen en estas modificaciones, intentos de ejercer censura.
En cuanto al régimen de financiamiento electoral, el Gobierno propone suprimir el aporte del Estado para campañas políticas y eliminar los topes de las donaciones privadas.
El Gobierno se escuda en que presuntamente estas medidas planteadas buscan "reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos".
De acuerdo con la información suministrada por el Gobierno, las medidas a implementar, en caso de que prospere la norma, serían "el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral y la eliminación del financiamiento público para las campañas", por lo que "quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales".
