Según el mandatario bonaerense, es una especie de «aleccionamiento» para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos, «donde está claro que lo que hay es una proscripción».
Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Juan Martín Mena; Kicillof señaló que «no hubo sobreprecio en las obras de Santa Cruz» y que «no hay ninguna sin terminar».
Sostuvo que «nunca pudo haber cometido este ilícito sencillamente por la función que tenía, ya que “ella no era la encargada de tomar esas decisiones» y que quienes sí habían podido tomarlas «jamás fueron investigados».
