La decisión judicial se da en marco del conflicto que mantienen la AFA y la amplia mayoría de las instituciones que la integran, y el Gobierno Nacional y Mauricio Macri como aliado incondicional, que pretenden la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) como propietarios de los clubes en lugar de los socios a través de asociaciones civiles.
La resolución de la IGJ había declarado la "irregularidad e ineficacia total a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre", tras una denuncia que impulsaron las autoridades de Talleres de Córdoba, a instancias del Gobierno Nacional.
