Del concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía se aprobó la ordenanza que establece el régimen de soberanía y seguridad alimentaria en la ciudad de Rosario, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación por parte de toda la ciudadanía.
El Ejecutivo municipal fortalecerá las líneas programáticas y acciones llevadas a cabo que abordan integralmente el acceso a los alimentos; realizará las gestiones necesarias ante las áreas correspondientes del gobierno nacional a fin de que dé efectivo cumplimiento a su responsabilidad de garantizar el derecho a una alimentación sana, segura y soberana para toda la población y articulará con el gobierno de la provincia la implementación de las políticas alimentarias provinciales en el territorio de la ciudad de Rosario.
En este marco, el fortalecimiento de líneas programáticas y acciones contempla reforzar las propuestas de capacitación y sensibilización tanto a organizaciones como a personas individuales, generando espacios de encuentro, formación y capacitación para la mejora de la calidad de los alimentos producidos por las organizaciones y las familias; complementar la entrega de módulos o cajas de alimentos con difusión de información que se oriente a mejorar las condiciones alimenticias, con visitas del personal de salud a las familias que reciban dichos módulos y con la invitación a participar periódicamente de los encuentros establecidos en el inciso anterior; reforzar la provisión de alimentos frescos a las organizaciones y personas beneficiarias de ayudas alimentarias, a través de las huertas comunitarias que integran el Programa de Agricultura Urbana y sostener y ampliar el programa Precios Justos para facilitar el acceso a los alimentos a las familias de los barrios, fijando una canasta de alimentos saludables a precio fijo en comercios adheridos.
Además, realizar el monitoreo permanente de la situación nutricional de lactantes, niñas, niños, adolescentes, personas con celiaquía y personas gestantes; instrumentar canales de distribución oportunos y gratuitos hacia las personas e instituciones de los distintos territorios que garanticen la efectiva accesibilidad de los productos alimenticios y establecer instancias de participación con las personas e instituciones que forman parte de la red de asistencia alimentaria, a fin de evaluar las políticas desarrolladas y proponer mejoras continuas en su implementación.
