En las casi tres horas que duró el encuentro en esa cartera, funcionarios y representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) acordaron iniciar esas conversaciones el lunes próximo sobre el organigrama del ministerio en general y, a partir del jueves, sobre el funcionamiento y el plantel del Hospital Bonaparte en particular.
En lo que dure ese proceso, no habrá medidas de fuerza ni se enviarán telegramas al personal al que no se le renovaría la contratación.
Ayer, el anuncio oficial de que no se renovarán 1.400 contratos en la órbita del Ministerio de Salud puso en estado de alerta a profesionales y gremios, que se enteraron de la decisión a través de la red social X a pesar del diálogo que venían teniendo con las autoridades de esa cartera y sus organismos y hospitales.
Al conocerse el comunicado de la Casa Rosada, los gremios que nuclean a empleados de la Administración Pública Nacional (APN) se declararon en estado de alerta y solicitaron reuniones con el ministro Mario Lugones. UPCN lo hizo con carácter de urgencia.
El encuentro se fijó para ayer, a las 16. Participaron Roberto Olivieri y el secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches. Desde UPCN, sindicato con el que existían canales de diálogo, anticiparon que irían con “una posición dura” a ese encuentro.
Diego Gueren, secretario general de UPCN Salud, expresó horas antes del encuentro a La Nación que pedirían a las autoridades abrir una mesa de diálogo para iniciar una revisión de esas contrataciones caso por caso.
El gremialista señaló que se trata de contratos con actualización trimestral de personal que, administrativamente, se consideran transitorios, pero que “se renovaban todos los años y en blanco, con aportes sociales y cobertura”.
Durante la reunión, además de acordar abrir ese diálogo la próxima semana, hablaron de la vía de comunicación elegida para dar a conocer la decisión de no renovar contratos.
“Nos llamó la atención que fuera así porque es una gestión con la que hay diálogo”, sostuvo Gueren ante la consulta.
En el Bonaparte, de acuerdo con la información que cuenta UPCN, entre los 200 contratados que recibieron el telegrama hay profesionales que habían rendido y aprobado el examen de idoneidad exigido por el Gobierno como requisito para trabajar en la APN.
De pasarlo, según explicó Gueren, el Estado garantizaba un año de continuidad laboral. Es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.
