El monto reclamado asciende a casi 100 millones de pesos.
Según consta en el expediente judicial SA-00223-C-2024, que se tramita en los fueros locales, los demandantes adquirieron tres lotes en diciembre de 2020, con la promesa de que la desarrolladora realizaría obras de infraestructura, como apertura de calles, provisión de agua potable y electricidad, en un plazo de 10 meses.
Sin embargo, tras más de cuatro años, las obras no se concretaron, y los compradores descubrieron que los terrenos, ubicados en una zona rural, no podían ser urbanizados sin una excepción municipal que jamás se gestionó.
La demanda, presentada por la abogada viedmense Verónica Arizcuren alega que hay múltiples faltas: incumplimiento contractual, publicidad engañosa y violación de la Ley de Defensa del Consumidor.
Por su parte, Villaverde, a través de su abogado, argumentó que los retrasos se debieron a la pandemia de COVID-19 y a dificultades en la importación de materiales, factores que consideró ajenos a su voluntad.
