Este miércoles, el frente Unidos para Cambiar Santa Fe realizó una reunión en la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) de la capital provincial, con la presencia de autoridades de los partidos que lo integran. Entre ellos, estuvieron Felipe Michlig (UCR), Gisela Scaglia (PRO) y Joaquín Blanco (Partido Socialista).
El encuentro sirvió para ratificar el respaldo al gobernador Maximiliano Pullaro y a su decisión de avanzar con rondas de consulta en vistas a la reforma parcial de la Constitución.
En ese marco, Unidos resolvió por unanimidad proponer que la Convención comience a sesionar en julio, durante el receso legislativo.
“Cumplir sin excusas con este cometido se corresponde con los compromisos asumidos ante la sociedad santafesina”, afirmaron en un comunicado, aludiendo a la Ley 14.384, que habilitó el proceso reformista y que incluye, entre otras cosas, el objetivo de eliminar privilegios en la política.
Sin embargo, desde el bloque opositor Más para Santa Fe cuestionaron esta decisión y publicaron un documento titulado.
“Por qué la Convención Constituyente debe sesionar el año próximo”, en el que expresan profundas críticas al modo en que se viene llevando adelante el proceso.
“La participación electoral en la elección de convencionales fue la más baja desde 1983, apenas superando el 50%. Esto constituye un llamado de atención y evidencia la falta de involucramiento de la ciudadanía en el debate”, señalaron.
Según el comunicado, no existió una convocatoria real a los diversos sectores sociales para discutir la reforma y eso “implica un déficit democrático que no puede repetirse”.
Además, el PJ advirtió sobre la superposición con el calendario electoral de 2025, que comenzará en febrero con la presentación de candidaturas.
“Convocar a la Convención en este contexto resultaría inoportuno e inconveniente. La reforma constitucional no puede ser tratada como un trámite ordinario, sino como un proceso de deliberación profunda”, argumentaron.
Por eso, el bloque propuso que la Convención se convoque en 2026, para garantizar un clima institucional y social más propicio. “Cuando la voluntad del pueblo se percibe distante del proceso, la legitimidad de los resultados se ve comprometida”, concluyeron.
