Así, la empresa que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, pasará a estar a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem.
La interventora deberá avanzar en una auditoría de gestión, evaluar el estado financiero y operativo de la compañía, presentar la rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reformulación, el cual podrá incluir la modificación del estatuto y deberá ser presentado al Ministerio de Economía para ser revisado y, finalmente, aprobado.
También tendrá a su cargo la revisión de la administración de compras y contrataciones, disponer una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales, y operar y mantener la sociedad durante el período de transición previo a su disolución y liquidación. El decreto le otorga, además, facultades exclusivas de representación de la sociedad, así como la posibilidad de designar y despedir trabajadores.
