La Justicia francesa sacudió este lunes a la escena política de ese país y de toda Europa al condenar por malversación de fondos a la máxima líder de la extrema derecha nacional, la diputada Marine Le Pen, e inhabilitarla para ocupar cargos públicos por cinco años.
La dirigente, quien recibió apoyos de sus aliados del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y de la ultraderecha europea, ya anunció que apelará la sentencia; sin embargo, la inhabilitación comenzará a regir de inmediato por lo que, por ahora, no podrá ser candidata nuevamente a la Presidencia en las elecciones de 2027, cuando la esperaba un escenario favorable con la derecha y la centroderecha en crisis y atomizada tras ocho años de gobierno de Emmanuel Macron.
La sentencia fue dura: una pena de cuatro años de prisión, dos en suspenso y dos que podrá cumplir bajo libertad vigilada, es decir, con una tobillera para mantenerla controlada, pero no bajo custodia o prisión domiciliaria.
Además, deberá pagar una multa de 100.000 euros y una inhabilitación para ocupar o presentarse para ocupar cargos públicos durante cinco años y con efecto inmediato.
En otras palabras, aunque apele la decisión judicial, esto no evitará que la inhabilitación empiece a regir ahora.
También fueron condenados ocho dirigentes de su partido, Agrupación Nacional (AN), y 14 asesores y ex asesores.
A Le Pen y los otros ocho ex parlamentarios europeos se los acusa de malversar 2,9 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea que recibieron durante años como parte de su presupuesto como parlamentarios de ese bloque regional para financiar ilegalmente su fuerza política en Francia. Es decir, todo el personal que tenían a su cargo trabajaba para el partido en Francia, no para el Parlamento Europeo.
El tribunal concluyó que se probó que, con Le Pen a la cabeza, el partido de extrema derecha armó un esquema para desviar, ilegalmente, los presupuestos de sus eurodiputados a las arcas de AN, entre 2004 y 2016.
«Se comprobó que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido» y que «los diputados no les habían encomendado ninguna tarea», explicó la presidenta del tribunal parisino, la jueza Bénédicte de Perthuis. La magistrada rechazó las denuncias de AN y sostuvo que su decisión no tuvo motivaciones políticas.
La sentencia incluyó también una multa al partido de un millón de euros, lo que se suma a otro millón de euros que ya había sido incautado durante la investigación del caso.
Además del duro golpe económico que recibió la AN y que podría hacer tambalear su futuro, la gran incógnita es cómo afectará su imagen pública y sus futuras chances electorales.
La inhabilitación de Le Pen no desatará necesariamente una crisis interna porque la dirigente de extrema derecha ya había elegido hace tiempo a su heredero, el joven Jordan Bardella, eurodiputado desde 2019 y el último candidato a primer ministro de la fuerza.
No obstante, Le Pen y su partido siempre construyeron su popularidad de la mano de un discurso fuertemente anclado en la transparencia y el rechazo a una casta política corrupta. Esta diferenciación es la que ahora podría peligrar.
