Diana Edith García, directora del Tribunal, manifestó que una de las causas más relevantes de esta problemática surge desde el “desconocimiento” de muchos empleadores sobre la manera de proceder en el trámite que se necesita para poder formalizar a sus empleadas.
“En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro.
Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte. Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder”, indicó García.
Por otro lado, explicó qué parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, “tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro”, porque no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente: “Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace”, añadió.
Otro de los conflictos que también observan desde el Tribunal es que “parte de esa informalidad proviene de trabajadoras migrantes”, que toman esta actividad como su primer trabajo en nuestro país.
“(Las trabajadoras migrantes) toman esto como su primer trabajo, hasta tanto obtengan su residencia y, posteriormente, su documento.
En esas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculadas a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y, por supuesto, el empleador se lo respeta”, aseguró.
