Por decisión del Poder Ejecutivo nacional, el Fondo Fiduciario de Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC), que permitía resguardar y administrar fondos destinados a la investigación y el desarrollo tecnológico, fue eliminado por decreto.
La medida, tomada bajo el argumento de debilidad en los controles internos y enmarcada en las facultades que otorga la Ley de Emergencia, compromete directamente el funcionamiento de la Agencia I+D+i, un organismo clave del sistema científico argentino.
Creado en 1990 mediante la Ley 23.877, el FONDOTEC no solo permitía preservar el valor de los recursos en tiempos de inflación a través de inversiones controladas en el Banco Nación, sino que además garantizaba la continuidad de los proyectos a largo plazo, incluso ante demoras o recortes presupuestarios.
Su eliminación profundiza la parálisis que atraviesa el sistema de ciencia y tecnología desde el inicio del gobierno de Javier Milei.
Fernando Peirano, quien presidió la Agencia I+D+i hasta diciembre de 2023, fue contundente: “Esto no tiene costo para el Estado.
Todo lo contrario: permite eficiencia en el uso de fondos que, en gran parte, provienen de organismos internacionales. Esta medida no genera ahorro fiscal. Lo que busca es vaciar de herramientas a la Agencia después de que no pudieran eliminarla mediante la Ley Bases”.
Desde el 10 de diciembre no se han lanzado nuevas convocatorias para financiar proyectos científicos. Peor aún, los que ya estaban en curso enfrentan demoras en los pagos y recortes por la falta de actualización por inflación.
En muchos casos, los aportes previstos ya no alcanzan para cubrir los costos pactados y son las empresas que cofinancian los proyectos quienes deben asumir la diferencia.
La falta de previsibilidad también repercute en las trayectorias de investigadores e investigadoras, que planifican sus carreras con años de anticipación.
“Estamos tirando una de las llaves más importantes que tiene la sociedad: hacer del conocimiento su fuente de progreso y generación de riqueza”, alertó Peirano, quien además advirtió que el desmantelamiento afecta a toda la región, ya que el modelo de la Agencia fue replicado por varios países latinoamericanos.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 312/25, que también disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Aunque el Congreso podría revertir esta decisión con una mayoría de dos tercios, hasta el momento no hay señales de que esto suceda. Tampoco hay novedades sobre el funcionamiento actual del organismo: tras la renuncia de Alicia Caballero como directora ejecutiva —motivada por la falta de ejecución presupuestaria—, la gestión de su sucesora, Natalia Avendaño, es prácticamente desconocida.
