La concejala María Fernanda Rey, del bloque Justicialista, autora de la iniciativa, señaló que «al Estado le cuesta compensar lo que se reclama por pensiones; es el 0,003 % del PBI, y en lo que va del año se han dado de baja 176 mil pensiones».
La concejala Irizar resaltó la necesidad de reiterar el pedido de audiencia ante la Agencia Nacional de Discapacidad, con el fin de obtener más información y coordinar acciones a nivel local.
Manifestó que el colectivo de la discapacidad está sufriendo un ataque sistemático y una desregulación del sistema por parte del gobierno del presidente Milei, agravado por auditorías que podrían haberse evitado cruzando información, ahorrando así a las personas con discapacidad todo este proceso. “No era necesario, se hizo mal y de modo ineficiente».
La concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura, como presidenta de la comisión de Salud, además de su apoyo a lo aprobado, recordó que se realizará una Jornada Pública sobre el tema.
