Según el texto, quienes no cumplan con lo establecido tendrán un plazo de 30 días para presentar su renuncia al cargo. Además, se prohíbe cualquier tipo de maniobra para simular el traspaso de los bienes. Es decir, no podrán realizar transferencias que busquen ocultar la verdadera titularidad de las cuentas o inversiones radicadas fuera del país.
El proyecto toma como base las declaraciones de varios funcionarios del Gobierno nacional sobre la necesidad de que los argentinos vuelvan a confiar en el sistema financiero local. Según los autores, esa confianza debe empezar desde el propio Estado, y no solo con discursos, sino con acciones concretas.
“La propuesta legislativa encuentra sus fundamentos en los dichos de numerosos funcionarios del gobierno nacional con respecto a poner en circulación los ahorros en dólares que los ciudadanos argentinos atesoran fuera de las instituciones bancarias”, señala el texto.
El objetivo principal, afirman, es fortalecer las reservas de divisas y dar una señal clara de compromiso con la economía nacional.
De acuerdo con los senadores de Unión por la Patria, los funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo y mostrar coherencia con las políticas que promueven. Repatriar parte de sus bienes, explican, no solo implica un gesto político, sino una muestra concreta de que confían en el rumbo económico del país.
