En una declaración ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, el general en retiro Mário Fernandes, quien se desempeñó como número dos de la Secretaría General durante el gobierno de Jair Bolsonaro, reconoció haber ideado un plan que contemplaba el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes.
El plan, denominado “Puñal Verde y Amarillo”, fue redactado en noviembre de 2022, pocos días después de que Lula fuera electo presidente. Según Fernandes, el documento fue elaborado como un “estudio de situación”, que, según él, no pasó de ser una “idea digitalizada” que nunca compartió ni distribuyó.
«No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí escribirlo. Hoy me arrepiento de haberlo hecho», declaró ante los jueces.
No obstante, la investigación revela un panorama más complejo.
De acuerdo con la Policía Federal, el plan fue discutido entre militares en la residencia del general Braga Netto, ex ministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022. Además, testigos clave indicaron que hubo financiamiento y coordinación operativa.
En efecto, el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, declaró que Braga Netto habría entregado dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira para apoyar la operación. Esta revelación encendió las alarmas del Supremo Tribunal Federal, en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.
