El dato cobra relevancia en medio de la discusión por el aumento de haberes que promueve el Congreso y las acusaciones cruzadas con el Gobierno. Expertos previsionales advierten que el decreto abre la puerta a más litigiosidad.
El jefe de Gabinete ya confirmó que vetarán la iniciativa parlamentaria.
Bajo la premisa de que los jubilados no perderían más contra la inflación, en marzo de 2024 el presidente Javier Milei modificó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria y estableció que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC de dos meses atrás.
En ese momento, también se otorgó una recomposición del 12,5% por única vez.
El DNU que el Gobierno mostró como una garantía de no perder más poder adquisitivo, también puede interpretarse como la imposibilidad de recuperar al menos parcialmente lo licuado en la última década.
Desde septiembre del año pasado, los jubilados habrían tenido ingresos más altos si se hubiese aplicado la fórmula anterior, que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación.
Al punto de que según los cálculos de CEPA, hechos en base a los datos del INDEC y de la ANSES, una jubilación mínima sin bono sería de $403.302, un 32% más que los $304.726 actuales.
El cálculo está armado en base a la mínima para establecer un ejemplo, pero bien podría replicarse sobre una jubilación media o sobre la máxima.
