La finalidad de la misma es garantizar el derecho a la educación y a la salud, a la seguridad alimentaria, y fortalecer las estructuras de promoción y protección de derechos en este período de alta criticidad social.
En el marco de la emergencia el Poder Ejecutivo deberá fortalecer políticas públicas de pre-egreso para adolescentes que se encuentren bajo medidas de protección excepcionales, pronto a cumplir 18 años.
También evaluará el rediseño de los equipos territoriales de salud mental a los fines de adecuarlos a la problemática y necesidad actual.
Como así también posibilitar el acceso a insumos y medicamentos y tratamientos, en el marco de los programas que garanticen los derechos de salud sexual y reproductiva.
Además, se deberá propender a generar estrategias destinadas a la protección y promoción del derecho a la educación, a los aprendizajes, a la mejora de las condiciones de trabajo y el bienestar de los docentes y a fortalecer los equipos socioeducativos y de convivencia en todo el territorio provincial.
El Ejecutivo también posibilitará el acceso a recursos necesarios para el fortalecimiento de las escuelas técnicas de gestión estatal, priorizando su equipamiento, la provisión de insumos para talleres y laboratorios, y el acceso a conectividad adecuada.
