Esta decisión permite al Estado argentino continuar con su apelación y postergar la transferencia de papeles, asegurando que la cautelar presentada en julio pasado siga vigente.
El caso, que tiene su origen en 2015 tras la expropiación del control accionario de YPF por parte del Estado argentino, no cuestiona la legalidad de la estatización, sino que se centra en la supuesta omisión de la Oferta Pública de Adquisición establecida por los estatutos de la compañía.
Burford Capital, empresa dedicada a adquirir derechos sobre litigios, figura como principal beneficiaria del fallo original que condenaba a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares, con un interés diario que supera los 2 millones de dólares desde septiembre de 2023.
